Podemos sigue con su ingeniería electoral. Y ahora acaba de inventarse un mecanismo que le permitiría, desde el Gobierno, tener control del envío de las papeletas electorales de todos los partidos.
La norma en cuestión es la Proposición de Ley Orgánica de Reforma de la Financiación de Partidos, Federaciones, Coaliciones y Agrupaciones de Electores en el Proceso Electoral. Y allí plantea que el Gobierno se haga cargo y controle del envío de todas las papeletas electorales las casa de los votantes.
La explicación de Podemos señala que «los partidos políticos son organizaciones privadas que cumplen funciones públicas, al ser mecanismos de representación de los intereses y de las ideologías de la ciudadanía». Y que, con ese fin, «reciben financiación tanto pública como de particulares. Sin embargo, dado que la financiación obtenida es insuficiente para cubrir sus gastos, particularmente durante las campañas electorales, han convertido en práctica habitual recurrir a los préstamos con entidades financieras, asumiendo un elevado endeudamiento bancario». La afirmación resulta un tanto esotérica: los partidos reciben en subvenciones en un año normal cerca de 150 millones de euros, que se gastan convenientemente en sus aparatos porque ellos quieren. Y, además, en momentos electorales reciben aportaciones públicas extra.
Compara partidos con «sector bancario»
Podemos, compara a los partidos con «el sector bancario» y afirma que «en España [los bancos] tienen un enorme poder político y mediático que limita de una manera muy marcada el desarrollo democrático del país. Un indicador de la excesiva influencia que ejerce sobre el Estado español es su tamaño desproporcionado, siendo el sector bancario español uno de los más grandes (en términos proporcionales) de los existentes en la Unión Europea, con un enorme predominio de la banca privada y une escasísimo desarrollo de la banca pública».
En base a semejante explicación, Podemos señala que «nadie duda de que existe una relación directa entre la dependencia de partidos y medios de comunicación de las entidades financieras y las enormes resistencias de aquellos a adoptar medidas postergadas por demasiado tiempo, como la regulación de la dación en pago en los préstamos hipotecarios, la limitación de los tipos de interés abusivos, la regulación del mercado inmobiliario, el freno a la externalización de servicios públicos, el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la banca y el sector energético, una reforma fiscal que acentúe la progresividad para que paguen más los que más tienen, la recuperación del dinero público perdido en los rescates bancarios, o la creación de una banca pública, entre otros muchos asuntos». Hay que recordar que el mayor caso de condonación de deuda bancaria en España lo ha tenido el socio de Podemos, el PSOE, con más de 33 millones de euros perdonados por entidades financieras. Y, sin embargo, es su Gobierno el que más ha castigado fiscalmente a la banca.
Pero Podemos prosigue: «Esta ley pretende reducir el altísimo coste público que se viene repitiendo en cada convocatoria electoral relacionado con el envío masivo de papeletas y propaganda electoral por correo postal que realizan todos las formaciones políticas que han obtenido representación en los comicios inmediatamente anteriores». Los morados reconocen que «se trata de una subvención específica, que es independiente de la subvención general para gastos de campaña electoral, y que no está afectada por los límites de gasto de campaña genéricos, de manera que el coste para el erario público se ha disparado en la última década, igualando o, incluso en el caso de algunas formaciones políticas, superando la cuantía de la subvención electoral general».
Los datos del Tribunal de Cuentas reflejan que «en las elecciones generales de noviembre de 2019 se subvencionaron 150.013.844 envíos electorales por un importe total de 25.313.719, siendo este importe por primera vez superior al de la suma del resto de subvenciones para campaña electoral a todas las formaciones políticas, que ascendió a 23.621.353,08 euros», que no del dinero total percibido por los partidos a lo largo del año y de sus distintos puestos de representación.
Por todo ello, Podemos pretende con esta norma «introducir en el listado de prohibiciones del artículo 128 de la LOREG la prohibición expresa de que las campañas electorales se financien con cargo a aportaciones de cualesquiera entidades de crédito, por la razones expuestas en el expositivo anterior, con el objetivo de eliminar la injerencia del sector financiero en los procedimientos electorales». De esta manera, «las formaciones políticas tendrán que financiar las campañas con cargo a sus recursos propios, y a aportaciones de sus militantes y simpatizantes, ya sea en forma de donativos o de microcréditos sin interés. Proponemos además la extensión de esta prohibición a todas las aportaciones que puedan realizar tanto personas físicas como jurídicas en forma de préstamo a título oneroso, de manera que en ningún caso las subvenciones públicas para sufragar el proceso electoral puedan destinarse al pago de intereses de créditos». Hay que recordar que Podemos ya se ha ganado la advertencia oficial por su uso de mecanismos de microcréditos de difícil control.
Control del envío desde el Gobierno
Pero la proposición de ley introduce otro delicado elemento: el control desde el Gobierno del envío de papeletas electorales: «Por otra parte, esta proposición de ley plantea eliminar las subvenciones electorales específicas para el mailing o envíos por correo postal de papeletas y propaganda electoral, en las convocatorias a elecciones a Cortes Generales, y en las convocatorias a elecciones al Parlamento Europeo». Para compensar la eliminación de estas subvenciones «específicas al mailing electoral, se propone que la remisión de un único envío con las papeletas de todas las candidaturas presentadas y proclamadas, la realice la Administración». Eso sí, «se ha optado por mantener esta subvención específica al mailing electoral en el Título III de la LOREG que regula las disposiciones especiales aplicables a las convocatorias de elecciones municipales, por las enormes dificultades que entrañaría para la Administración la remisión a tiempo de papeletas de la infinidad de candidaturas que se presentan, y la menor financiación pública que tienen las formaciones políticas que se presentan a estos comicios».
Traducido: Podemos pretende que en las elecciones generales el envío de las papeletas dependa de su Gobierno. Y de las papeletas de todos los partidos.
La noticia «Podemos se inventa una ley para controlar el envío de las papeletas electorales de todos los partidos desde su Gobierno» es una información de Libertad Digital: España
